Derecho Comercial Uruguayo. Auxiliares de comercio. Definición y rol que cumplen















































































  1. Defina auxiliares de comercio.

  2. Desarrolle la actividad del rematador y el corredor. Definición, requisitos y normativas.

  3. Selecciones y analice dos noticias relacionadas con ellos.


1. El Código de Comercio, no define expresamente a los auxiliares de comercio. Clasifica a las personas que actúan en el área del comercio en dos grandes categorías: el comerciante (I Título) y los auxiliares del comercio (III Título).  Si bien, como dijimos no los define, el Artículo 88 los enumera (en forma taxativa según la doctrina más aceptada): 

“Son considerados agentes auxiliares del comercio, y como tales, sujetos a las leyes comerciales, con respecto a las operaciones que ejercen en esa calidad:

1° Los corredores.

2° Los rematadores o martilleros.

3° Los barraqueros y administradores de casa de deposito.

4° Los factores o encargados, y los dependientes de comercio.

5° Los acarreadores, porteadores o empresarios de transporte.”


Podemos afirmar a modo de definición genérica -ya que no existe ningún elemento homogeneizante que permita elaborar un concepto cabal; algunos se encuentran en relación de subordinación, y en otros casos, como los que mencionamos a continuación; actúan en un plano de igualdad con el comerciante-, que los auxiliares de comercio, son aquellas personas que cumplen una función instrumental y accesoria a la intermediación entre la oferta y demanda -al acto de comercio-. No supone la participación directa y por cuenta propia en el mismo, sino que apoyan o favorecen las actividades de los comerciantes, a través de su intermediación.

2. 

a. El corredor

La Ley 14000 en su Art. 2 lo define como aquella “persona que, haciendo de intermediario en una operación comercial, no representa a ninguna de las partes, ni tiene con ellas compromiso o trato comercial habitual”.

Es aquella persona que realiza un contrato por el cual se obliga a mediar entre la oferta y la demanda de determinados bienes o servicios, promoviendo el perfeccionamiento de un contrato entre los ofertantes y demandantes respectivos, a cambio de una comisión.

Su actividad se limita a vincular a las partes, sin ingresar en la circulación de los bienes; y el contrato cuyo perfeccionamiento -conclusión- promueve, se celebra directamente entre quien ofrece determinado bien o servicio, y quien lo demanda; el corredor solamente media entre ellos con el fin de concretar dicho contrato.


El contrato de corretaje es de carácter autónomo -según la mayor parte de la doctrina- y su existencia no depende de que el contrato de compra - venta en el cual medió, se celebre.

Es siempre de carácter comercial ya que así lo dispone el Art. 7 inc. 2 del Código de Comercio “(...) es comercial (...) toda operación de corretaje”. 

Es objetivamente comercial -no interesa sí el objeto del contrato de compra - venta es de carácter civil-; ya que la actividad de mediación es típicamente mercantil, tal como lo declara el Art. 7 del C. Com. mencionado.


Estatuto del corredor: el Código de Comercio exige una serie de requisitos para que pueda ejercerse el cargo.

  • Condiciones exigidas:

i. Edad: 21 años (Art. 89)

ii. Condiciones de idoneidad: acreditar haber “ejercido el comercio por sí o en alguna casa de corredor o de comerciante por mayor, en calidad de socio o gerente; o cuando menos de tenedor de libros, con buen desempeño y honradez.” (Art. 90 num. 3).

iii. Domicilio: haber residido por más de un año en el lugar donde llevará a cabo su profesión. Se asegura que tenga cierto conocimiento de la plaza en la que actuará. 

iv. Inscripción en el Registro Nacional de Comercio: El Art. 90 del Código de Comercio establece la obligación de inscribirse en la ficha registral (ley 16871) ante el Registro Público y General de Comercio dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.

v. Juramento: el Art. 91 del C. Com. establece que “Antes de entrar al ejercicio de sus funciones prestarán ante el Juez Letrado de Comercio, o ante el Alcalde Ordinario de su domicilio, juramento de llenar fielmente los deberes que les están impuestos”.

¿Quiénes NO pueden ser corredores?

  • Las mujeres (Art. 89 C. Com)

  • Quienes tienen prohibiciones para comerciar (Art. 89 num. 1 C. Com.)

  • Corporaciones eclesiásticas

  • Clérigos

  • Magistrados civiles y jueces

  • Comerciantes fallidos.

  • Personas en estados de interdicción -en condiciones de incapacidad-

  • Quien fue destituido -cabría hablar de “cancelación de su inscripción en el Registro de Comercio”-.

  • Obligaciones

De carácter general:

  • Inscripción registral: deber que integra el estatuto profesional del corredor.

  • Llevar libros: los arts. 92 y 93 del C. Com., imponen a los corredores la obligación de llevar dos libros: el manual “(...) deben llevar un asiento exacto y metódico de todas las operaciones en que intervienen, tomando nota de cada una inmediatamente después de concluida, en el cuaderno manual foliado”. Es un borrador, y se exige porque con frecuencia realiza sus operaciones fuera de las oficinas. y el registro, que presenta requisitos similares a los libros del comerciante: debe estar encuadernado, forrado, foliado y habilitado por el Registro Nacional de Comercio. El art. 94 incs. 1 y 2 del C. Com., impone que “Diariamente se trasladarán todos los artículos del cuaderno manual a un registro copiandolos literalmente, sin enmiendas, abreviaturas, ni interposiciones, guardando la misma numeración que lleven en el manual”. Si no los llevare pierde el derecho a cobrar su comisión (Art. 103), ya que son llevados no solamente en interés del propio corredor, sino en el de las partes que contratan por su intermedio, y en razón de la fuerza probatoria que la ley les acuerda. Del libro registro debe tomar los datos para realizar la minuta; la cual debe entregar en un plazo de 24 hs. desde que concretó el contrato entre las partes, y si no lo hiciere se le impone la misma sanción.

El Art. 105 C. Com. impone para los casos de muerte o destitución del corredor, que el Juzgado del lugar debe conservar los libros que le hubieren correspondido. El Juzgado, ofrece garantías para su conservación y eventual exhibición como medio de prueba (tal como lo establece el art. 192 inc. 5 del C. Com.). 

Los Arts. 94 inc. 3, Art. 95 -certificado- y Art. 103 -minuta-; jerarquizan al “libro registro” respecto del manual; aunque como afirma Bolaffio los jueces deben apreciar libremente y según las circunstancias del caso, a cuáles de estos libros debe atribuirse mayor confianza. En todos los casos, son instrumentos de carácter privado, puesto que en la actualidad los corredores no ejercen cargos públicos -como en sus orígenes-. Por ello, la doctrina concluye que el Art. 1198 C. Com. que establece que “la póliza de fletamento valdrá como instrumento público(...)” es un resabio histórico.

Obligaciones relacionadas con el acto de corretaje

  • “Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de hacer supuestos falsos que puedan inducir en error a los contratantes [sí lo hicieran] serán responsables del daño causado” (Art. 99 C. Com.) El Art. 100 de la misma norma establece ejemplos de supuestos falsos. En cuanto a la responsabilidad se aplican los principios de Derecho Privado.

  • Controlar la identidad y capacidad de los contratantes entre quienes media, como lo establece el Art. 97 inc. 1 del C. Com.  El inc. 2, establece la responsabilidad del corredor: “Sí a sabiendas intervinieren en un contrato hecho por persona que según la Ley no podía hacerlo, responderán de los perjuicios que se sigan por efecto directo e inmediato de la incapacidad del contratante.”. Afirman Nuri Rodríguez y Carlos López que la responsabilidad también se genera si se da el mismo hecho por ignorancia culpable del corredor dado el tenor del primer inciso.

  • Asistir a la entrega de los efectos vendidos: no interviene por regla general, en la ejecución del contrato. El Art. 104 del C. Com dispone que “En los negocios, en que por convenio de las partes, o por disposición de la ley haya de extenderse contratación escrita, tiene el corredor la obligación de hallarse presente al firmarla todos los contratantes, y certificar al pie que se hizo con su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad”. En este artículo la intervención es preceptiva; mientras que en el art. 102 C. Com. establece que las partes pueden pedir la asistencia del corredor.

  • Estar presente en la firma del contrato y “(...) certificar al pie que se hizo con su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad”

  • Entregar una minuta como establece el Art. 103 C. Com. “dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión de un contrato. (...) si no lo hace pierde el derecho a comisión y queda sometido a indemnización de daños y perjuicios.”  La minuta, consiste en un extracto o resumen del asiento efectuado en el libro registro. Tiene por objeto precisar las condiciones del contrato para la redacción del acto definitivo, y servir como prueba en caso de dificultad o controversia, tal como lo indica el Art. 192 inc. 2. Debe contener las condiciones del contrato y el número de orden del asiento en el registro. Es análoga a una rendición de cuentas.

  • Las partes que celebraron un contrato mediando un corredor, pueden requerir un certificado. El Art. 95 inc. 1 C. Com. establece que no “podrá dar certificado, sino de lo que conste de su registro y con referencia a él.”  Debe hacer referencia a la página en que figura el asiento y número de orden. No puede ser otorgado a terceros y sí lo dieran, violan la obligación de guardar secreto. También constituyen medios de prueba, y de allí su importancia.

  • Guardar secreto: El Art. 101 C. Com. dispone que debe guardase “secreto riguroso de todo lo que concierna a las negociaciones que se les encargan, bajo la más estrecha responsabilidad de los perjuicios que se siguieran por no hacerlo así”. El Art. 95 inc. 2 C. Com. establece que “sólo en virtud de mandato de autoridad competente, podrá atestiguar lo que vio y oyó relativamente a los negocios de su oficio”.  El Juez podrá requerir su testimonio en juicios relacionados con negocios que se hayan celebrado por su intermediación. Se aplica también el Art. 302 del Código Penal que dispone: “El que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio, con multa de cien a dos mil pesos”. Se busca que el corredor no viole la confianza que en él depositaron las partes.

  • Prohibiciones

  • Ejercer el comercio -en forma directa-: lo establece el Art. 106 inc. 1; “se prohíbe a los corredores realizar otros actos de comercio además del corretaje”. La sanción por su violación es la nulidad del contrato (según lo establece el Art. 8 Código Civil). El fundamento de esta prohibición es la tutela de los terceros -comerciantes- y evitar la competencia desleal. El Art. 107 establece que “no se comprende en la disposicion del articulo antecedente, la adquisicion de titulos de la deuda pública ni de acciones de sociedades anónimas, de las cuales, sin embargo, no podrán ser directores, administradores o gerentes, bajo cualquier título que sea”. Sí se trata de una inversión, hecha por el corredor con el fin de obtener rentas, puede hacerla; pero no podrá luego comerciar con dichos títulos o acciones. Tampoco podrá comprar para sí o familiares esos títulos, cuando se le hubiera encomendado su venta.

  • Constituir sociedades: no puede ejercer el comercio en forma personal y directa, ni tampoco bajo una forma social (Art. 106 inc. 1 C. Com). Aunque no puede ser director o gerente de una sociedad anónima (art. 107 C. Com.). En la doctrina, existen discrepancias en cuanto al alcance de la norma en lo que respecta a las sociedades formadas por corredores, para ejercer el corretaje. El corretaje se prevé como función personalísima e indelegable; incompatible con su ejercicio mediante sociedades. Esta prohibición empieza a regir en el momento en que el interesado comienza sus actividades de corredor. Sí quien quiera ser corredor hubiese antes contraído sociedad, deberá desligar de ella y, si no lo hiciera, se verá sometido a las sanciones legales (según Fontanarrosa la sanción debería corresponderse con la pérdida de oficio, por haber silenciado ese motivo de incompatibilidad).

  • Tomar parte de buques o cargas

  • Adquirir cosas cuya venta les ha sido encargada o ha sido encargada a otro corredor: el Art. 106 inc. 3 C. Com. prohíbe “adquirir para sí, o para persona de su familia inmediata, las cosas cuya venta les haya sido encargada, ni las que se dieren a vender a otro corredor, aun cuando protesten que compran unas u otras para su consumo particular, so pena de suspensión o perdimiento de oficio a arbitrio del Juez competente, según la gravedad del caso”. Busca impedir que el corredor pueda beneficiarse a si o a sus familiares, en perjuicio de quien le encargó el negocio; lo mismo sucede respecto de adquirir cosas cuya venta haya sido encargada a otro corredor. 

  • Prohibición de garantizar la solvencia de una de las partes: no puede constituirse en responsable de la solvencia de los contratantes, porque lo dispone así el Art. 98 inc. 1 C. Com. Busca asegurar la imparcialidad e independencia del corredor. Sí prestará garantía dejaría de ser neutral. La violación de esta norma se castiga con la nulidad absoluta, que puede incluso ser declarada de oficio por el Juez. El Art. 98 inc. 2 C. Com., impone una excepción a la norma: se les impone ser garantes en negociaciones de letras de cambio y papeles endosables, con relación a tres obligaciones: la entrega del título al tomador, la entrega de valor al cedente y la autenticidad de la firma del último cedente. Se le encarga el contralor de la ejecución del contrato en que intermedió. Se desarrolla la obligación prevista en el Art. 102 del C. Com. que le impone sus asistencia al acto de entrega de efectos vendidos, y/o de estar presentes en el acto de firmar el contrato escrito, cuando sea necesario (Art. 104 del C. Com,).

  • Realizar cobros y/o pagos por cuenta ajena. En el Art. 106 inc. 2 del C. Com. se establece expresamente la sanción frente al incumpimiento: “so pena de perdimiento de oficio”

  • Intervenir en negocio de persona en suspensión de pagos: el Art. 109 inc. 3 C. Com impone la prohibición de “intervenir en contrato de venta de efectos, o negociación de letras pertenecientes a persona que haya suspendido sus pagos”. La doctrina interpreta en forma diversa esta norma: Obarrio afirma que refiere al comerciante fallido -el comerciante ya declarado en quiebra- y que, por lo tanto, no puede disponer de sus bienes. Otros, como Fontanarrosa afirma que refiere al que suspende sus pagos, aun sin haber sido declarada la quiebra. Se entiende que el hecho de que un comerciante ha dejado de cumplir con sus obligaciones debe ser sabido por el corredor, conocedor de la plaza (debe haber vivido al menos un año en el lugar en el que ejercerá sus funciones, como ya mencionamos). Es responsable si el hecho de la suspensión de pago ha adquirido cierta notoriedad; sí se mantuvo oculto no responderá.

  • Intervenir en contratos ilícitos, ya sea por la calidad de los contrayentes, por la naturaleza del objeto, o por los pactos y/o condiciones con que se celebren.

  • Dar fe de la identidad de personas no conocidas en la plaza, “sí no presentarán al menos un comerciante que abone la identidad de su persona”, como lo establece el Art. 109 inc. 2 C. Com.. Se vincula lógicamente con la obligación impuesta por el Art. 97 inc. 1 que le impone controlar la identidad y capacidad de los contratantes.

  • Genérica: el Art. 111 inc. 1 C. Com. le prohíbe actuar con dolo o fraude. Debe actuar con licitud, y de buena fe

  • Sanciones: para algunos incumplimientos se prevén dos o más (Arts. 96 y 110 C. Com.). Pueden ser de diversa índole:

  • Nulidades: para el caso de las prohibiciones de realizar un negocio a nombre propio o ajeno; formar sociedad; tomar parte de buques o cargas y otorgar garantías. Se prevé en el Art. 106 inc. 1 y en el Art. 108 del C. Com. Puede ser declarada por el Juez de Oficio, a instancia de parte, o por terceros.

  • Suspensión del cargo: se aplica cuando los libros están “mal llevados” (Art. 110 C. Com.) y en caso de quiebra (Art. 112 C. Com.). Según la Ley Concursal 18387,  art. 264 se ha de aplicar en caso de concurso y cuando en éste se haya resuelto la liquidación de la masa activa.

  • Destitución o pérdida de oficio: equivale a una cancelación de la matrícula. El art. 111 del C. Com. dispone que “El corredor que en el ejercicio de sus funciones usare de dolo o fraude, será destituido de oficio y quedará sometido a la respectiva acción criminal. A la misma pena e indemnización quedarán sujetos, según las circunstancias y al arbitrio del Juez competente, los corredores que contravinieren a las disposiciones del presente capítulo, y no tuvieren pena específica señalada.” El inc. 2 del mismo art. dispone lo mismo para el caso que se lleve el libro registro sin formalidad. Para el mismo caso y otras irregularidades, el art. 110 C. Com. aplica, sanciones de suspensión o destitución y de daños y perjuicios.

  • Obligación de reparar los daños y perjuicios: se aplica en las hipótesis de los Arts 97 -sí se constituyera como garante fuera de la hipótesis del inc. 2-, 99 -sí realizara supuestos falsos-, 101 -no guardaran secreto- y 103 -no entregara minuta dentro de las 24 hs.- del C. Com.

  • Pérdida de la comisión: se aplica en el caso de que no presente minuta (Art. 103 inc. 3 C. Com). 

  • Penal: se tipifica el delito de falsedad, cuando se expide certificación contraria a los libros (Art. 96 C. Com.). En algunos casos la sanción queda al arbitrio del juez. El art. 106 inc. 3 C. Com. prevé que se apliquen sanciones de suspensión o destitución.

  • Derechos

  • Comisión: es la contraprestación debida por quien encargó un negocio al corredor, y correlativa a la prestación hecha por éste. Debe ser la acordada por las partes y a falta de convención se debe pagar “la que sea de uso en la plaza”. Art. 112 inc. 2 C. Com: establece que a menos que se estipule lo contrario, debe pagarse la comisión en partes iguales por cada contratante, sin responsabilidad solidaria entre ellos”. En general, se determina con referencia al importe bruto del objeto del negocio concluido. No influyen ni las dificultade superadas, ni el trabajo especialmente compilado ni el tiempo empleado; el derecho a la remuneración nacerá cuando haya logrado el fin concreto de su labor que consiste en la conclusión del negocio. Si no se concluye, no surge el derecho a cobrar comisión. Se considera concluido cuando exista entre los contratantes un vínculo jurídico, productor de acción judicial, aun cuando por cualquier motivo no sea ejecutado. También se genera el derecho a la comisión, cuando las partes se hayan puesto de acuerdo sobre puntos esenciales del negocio aunque se aparten luego en detalles o prescinda del corredor para la formalización definitiva del negocio. Habŕa que examinar en cada caso si no habŕa existido colusión entre las partes para no pagar la comisión, en cuyo caso, debe remunerarse. 

  • Prescripción: el Art. 1023 num. 1 C. Com. establece que “se prescribe por seis meses la acción que por precio de sus servicios compete a los corredores”.

b. El rematador o martillero

El rematador es la persona física que lleva a cabo el acto de Remate. El mismo, es un acto de comercio, según lo dispuesto por el art. 7 num. 2 del C. Com. que reputa acto de comercio “Toda operación de (...) cambio, banco, corretaje o remate”

Es necesario distinguir el acto de remate del contrato final que se perfecciona por su intermedio. 

En materia de arrendamientos existe prohibición legal de remate tanto para los arrendamientos urbanos como para los rurales.

El remate, consiste entonces en la solicitud de intervención de un rematador, por parte del propietario de un bien interesado en venderlo. Una vez que el rematador acepta el encargo, ha  de desplegar una serie de actividades que culminarán con el remate del bien -se trata de un proceso-.

En primer lugar, debe poner en conocimiento del público que se ha de realizar un remate; debe formular una propuesta pública -hecha a persona indeterminada- y completa de contratación con un solo punto sin fijar: el precio. El acto de remate propiamente dicho, se concreta en lugares accesibles a varias personas. El rematador preside el acto, ofrece el bien en público en forma simultánea a las personas reunidas en el lugar anunciado en la publicidad previa. 

El precio se fija en condiciones especiales: los interesados efectúan ofrecimientos o “pujas”. Las ofertas se realizan en forma verbal y pueden intervenir todos los presentes, quienes aceptan tácitamente la intervención del rematador. 

Las ofertas van aumentando hasta llegar a un límite que no es mejorado por nadie. Antes de realizar la adjudicación, el rematador debe anunciar que se ha realizado una última oferta y quién la ha formulado, dando una última oportunidad de mejorarla. Si nadie realiza una nueva postura, el martillero declara la adjudicación, bajando su martillo. Sí el remate es de cosa mueble, el contrato de compraventa se perfecciona con la aceptación de la mejor oferta por el rematador: el contrato deberá cumplirse con el pago del precio y entrega del bien. Sí el remate es de un bien inmueble o de otro bien cual compraventa requiere formalidades, la aceptación del precio significa haber logrado un acuerdo sobre los elementos del contrato, que luego se habrá de celebrar con las formalidades del caso.


Cada postura o puja tiene una cierta independencia de las otras. Sí una oferta es superada por otra, el ofertante deja de estar obligado. La oferta posterior, aunque se anule, hace desaparecer la oferta precedente. Quien ha ofertado precedentemente no puede invocar la nulidad porque su oferta, als er cubierta por otra, cae. En virtud de esa misma independencia, una postura no es nula porque haya cubierto una postura precedente nula. Cuando una postura ha sido emitida, el rematador puede rechazarla si es anulable. Fuera de este caso, no puede arbitrariamente rechazar una postura.

Sucede a veces que el vendedor, para impulsar las posturas, hace poner posturas ficticias por un tercero, al cual se llama “gurupi”, esto constituye fraude.

El remate fracasa por falta de postores, y en este caso el rematador no puede pretender compensación alguna por  el trabajo realizado, pues debe entenderse que la remuneración le corresponde solo sí la venta se efectúa y sobre el producido de ésta. 

La compraventa se perfecciona cuando el rematador acepta el precio propuesto por el último y mejor postor. Esto aplica para la venta de muebles. El contrato no se reputa concluido sino por la adjudicación pronunciada y ésta se pronuncia desde que el martillo cae. En ventas en que requieren formalidades, como la venta de inmuebles, no se perfecciona con el remate; en el solo se celebra un negocio preliminar en que se establecen las bases de un negocio definitivo que se deberá concretar luego. 


Puede hablarse lo mismo de promesa o compromiso de compraventa, para referirse al momento en que el ofertante suscribe el acta del remate, naciendo a partir de ese momento los efectos jurídicos que emanan de esa vinculación, como una verdadera promesa.


Los remates pueden ser:

  •  Privados: aquellos en los cuales el rematador actúa por encargo de un particular. Los oficiales pueden ser decretados por órganos estatales, entes autónomos, servicios descentralizados o por un juez.

  • Judiciales: tienen formalidades especiales establecidas por el Derecho procesal. Son aquellos en que el rematador actúa por orden del Juez. 

  1. Voluntarios: realizados por decisión de un interesado que desea vender determinado bien o bienes.

  2. Forzosos: cuando la venta por remate es impuesta al dueño de los bienes a subastar, en el caso de la vía de apremio y de los remates en procesos concursales- La diligencia es presidida por el Juez, el actuario, secretario o alguacil del juzgado. Se dispone que se labra un acta, en que se dejará constancia del resultado del remate, de la entrega de la seña y del nombre y domicilio del mejor postor, dentro del radio del tribunal.

El Juez ordena el remate sobre la base de las dos terceras partes de la tasación. A los efectos de la tasación se estaŕa a los establecido en los arts. 383 y 384 del CGP.: Trabado el embargo se procederá a la tasación de los bienes, salvo que en el título se hubiere establecido la venta de los mismos al mejor postor o que así lo pidieren las partes, de común acuerdo La misma será llevada a cabo por la Dirección Nacional de Catastro y Administración de Bienes del Estado, la que establecerá el valor real; en caso de impugnación de esa tasación, el tribunal designará perito única para que la efectúe. Para el caso de los bienes muebles, la tasación se hará también en base a los valores establecidos por perito único designado por el tribunal.

Se impone base para el remate de inmuebles en la quiebra y en la liquidación judicial. En el caso de la quiebra, el Art. 1761 del C. Com. dispone que: “si a los diez días de cerrado el estado de verificación y graduación de créditos, conforme al art. anterior, el fallido no hubiese presentado propuesta de concordato, se procederá por el Síndico con absoluta prescindencia del fallido, a la liquidación del activo, mediante la venta en remate público y al mejor postor, de todos los bienes, derechos y acciones de la masa. Sin embargo en caso de bienes raíces, la venta no podrá realizarse sino por el precio que alcance a las dos terceras partes del avalúo hecho para la Contribución Inmobiliaria, en el último año, o en su defecto del que prudencialmente hará el Juez previa audiencia verbal del Síndico. No habiendo oferta aceptable, se procederá a nuevo remate con rebaja de la cuarta parte en la avaluación anterior. sí tampoco hubiere postura admisible, se venderán al mejor postor.”

  • Con base: aquellos en los cuales, con anterioridad al remate, el dueño de los bienes o la autoridad que dispone el remate, fija una cifra que se anuncia con anticipación. Las ofertas deben ser superiores a esa cifra. 

  • Sin base: los ofertantes pueden hacer las posturas que se les ocurran y queda librado al criterio del rematador determinar cuándo los precios ofrecidos son ventajosos para el dueño (Art. 2 Dec.- Ley 15508). 

  • Remates por internet: quien desee vender o comprar por esta vía, debe registrarse previamente en el sistema. Todos los artículos rematados tienen un plazo para ser vendido, una base y un monto  mínimo para aumentar las ofertas. Entre la oferta de un comprador y la siguientes pueden pasar incluso semanas, siempre y cuando el art. siga en línea -en oferta-. El negocio se concreta con quien haya hecho la mejor oferta vencido el plazo. El comprador elige entre varias formas de pago posibles y elige también el método de envío.


Requisitos para ser rematador

El Decreto- ley 15508 establece que para ejercer la actividad, se requiere:

  1. Ser mayor de edad y hallarse en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles.

  2. Ser ciudadano natural o legal.

  3. Justificar haber aprobado los cursos oficiales de Rematador o Martillero dicatos por la Universidad del Trabajo del Uruguay.

  4. Estar inscripto en la Matrícula de Rematadores o Martilleros que llevará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Los Arts. 2 y 4 del mismo Decreto ley establecen que los rematadores son los únicos facultados para efectuar ventas en remate público de cualquier tipo de bienes, facultándolos adicionalmente para:

  1. Tasar, informar o dictaminar sobre el valor de cualquier clase de bienes

  2. Recabar directamente de las Oficinas Públicas Estatales o Paraestatales, Gobiernos Departamentales, Bancos Oficiales y Particulares, los informes o certificados necesarios para el cumplimiento de sus funciones, bastante para ello la solicitud por escrito del Rematador.

  3. Requerir el auxilio de la Fuerza Pública, para asegurar la normalidad del remate y solicitar de la Justicia las medidas necesarias para el cumplimiento de sus cometidos, en caso de obstrucción de terceros.

  4. Suspender o diferir el Remate, toda vez que las pujas no alcancen el precio que se le haya establecido como límite o base, y en efecto de señalamiento, el que se considere competente a juicio del Rematador; se considera precio competente el que no cause grave perjuicio al Comitente

  5. Desempeñar las funciones de Balanceador, Depositario Judicial, o Consignatario. (añadido por decreto reglamentario)


Prohibiciones del rematador

Los arts. 9 del Decreto - ley y el art. 19 de su decreto reglamentario (Dec. 495/984), las establecen:

  1. Comprar los bienes que rematen o adjudicarlos a sus familiares dentro del 2° grado de parentesco, a sus socios, habilitados o empleados.

  2. Utilizar en cualquier forma las palabras: “Judicial”; “Extrajudicial”; “Municipal”; “Oficial”, o “Decomiso de Aduana” cuando el remate no tenga tales caracteres o usar cualquier otro término o expresión que induzca a engaño o confusión respecto del comitente o del origen de los bienes a subastar.

  3. Disponer o utilizar bajo cualquier forma, de las señas o garantías entregadas o del producido del remate

  4. Vender a crédito, sin autorización por escrito del COmitente.

  5. Bajar el martillo sin pregonar claramente la última oferta con indicación de quien la formuló y expresa aceptación de ésta. Atribuye al rematador la responsabilidad de anunciar la última oferta, identificar al oferente y condicionar la adjudicación a la aceptación previa y expresa de éste, en el marco de una actuación que tiende a asegurar la lealtad en su ejercicio, la verdad y transparencia de la operación. 

Se declara incompatible el carácter de funcionario público del Estado, tanto en la Administración estatal como descentralizada, de los Gobiernos Departamentales o de las entidades paraestatales, con la designación para efectuar remates ordenados por las oficinas de las cuales dependan ,salvo en el caso de remates dispuestos por el Banco de la República relativos a bienes afectados como garantía en operaciones de préstamos prendarios de la institución.


Obligaciones del rematador:

Decreto - ley art. 8 y el decreto reglamentario arts. 12 y 13

  1. Anunciar en todos los casos los remates con la publicidad adecuada y con la antelación pertinente de acuerdo a las características de cada subasta. En los Remates Judiciales, además obligatoriamente deberán publicar los edictos en dos diarios del lugar, uno de los cuales deberá ser el Diario Oficial por el término de 5 días hábiles para remates de inmuebles y tres días hábiles para el de bienes muebles.

  2. Indicar en la propaganda: el nombre del rematador, su domicilio, su número de matrícula y número de inscripción en la DGI, fecha, hora y lugar del remate, descripción y condiciones del bien o bienes a rematar con indicación de ubicación, títulos y planos en caso de inmuebles y la seña y comisión a cargo del comprador a ser pagadas en el acto. Si se trata del remate de solares, los planos de fraccionamiento deberán estar autorizados y aprobados por autoridad competente e inscriptos en la Dirección Nacional de Catastro y Administración de Inmuebles Nacionales.

  3. Realizar el remate personalmente, en la fecha, hora y lugar señalados, donde se colocará ese día la bandera con el nombre del Rematador y la leyenda “Hoy remate”. El martillero explicará en español, con voz alta y clara, y en forma precisa las características y condiciones legales en las que se remata el bien. Solo excepcionalmente -por enfermedad o impedimento grave- podrá delegar la realización del remate en otro martillero sin anuncio previo, debiendo el Rematador delegado encontrase debidamente habilitado.

  4. Recabar en el acto del remate, a la bajada del martillo, la seña establecida que garantice la oferta aceptada, -no menor al 20% del precio del remate, salvo estipulación en contrario pactada previamente por escrito-.

  5. Dar cuenta por escrito al comitente, en relación a los bienes vendidos, su precio, etc. dentro de los ochos días hábiles, contados desde la fecha del remate; entregando en ese acto el saldo de dinero resultante, deducidos los gastos y comisiones devengadas, salvo que se hubieren pactado por escrito otras condiciones. El comitente podrá apremiar ante el Juez competente al Rematador que no cumpla con la obligación de entrega del saldo líquido, previa intimación practicada por telegrama colacionado con plazo de tres días y en tal caso, perderá el Rematador su comisión.

  6. Inscribirse en la matrícula de Rematadores o Martilleros del MTSS como presupuestos indispensable para ejercer las actividades profesionales de tal, Decreto - ley 15508 (art. 1 lit. e) decreto reglamentario art. 1; a la vez que la inscripción en el Registro Nacional de Rematadores de ese Ministerio es requisito condicionante para su intervención en los remates oficiales, Decreto - ley art. 12, Decreto reglamentario art. 22.

  7. Llevar determinados libros: art. 15 del decreto - ley, y del art. 14 del decreto reglamentario. el libro de Entradas -asentará  por orden riguroso de fecha y con la numeración correlativa las boletas que establezcan el nombre, apellido, domicilio y documentos de identidad del Remitente de los bienes consignados para su venta en pública subasta- y el  Libro de Remates y Comisiones -se registrará: el lugar y fecha del remate realizado; el monto total de lo subastado; el importe de la comisión a cargo del comprador, el importe de la comisión a cargo del vendedor y las deducciones que correspondan por gastos documentados e impuestos así como el crédito líquido resultante-. Los libros deben ser conservados junto con la documentación respectiva, por un periodo mínimo de cinco años (Decreto reglamentario, art. 14).


El incumplimiento o infracción de las obligaciones legales y reglamentarias habilitan la aplicación de sanciones por parte del MTSS, las que pueden consistir en multas, suspensión o cancelación de la matrícula. Decreto - ley 15508 art. 14, decreto reglamentario arts. 20 y 21.


Derechos del Rematador: 

Regulados en los arts. 3 a 7 del Decreto- ley 15508 y arts. 5 al 11 del decreto reglamentario, de los cuales surge. 

  1. Cobrar la comisión que le corresponde por su actividad y obtener el reintegro de los gastos efectuados. En relación al vendedor o comitente: de acuerdo a lo convenido con el mismo, presupone el acuerdo entre las partes -rematador o martillero, y vendedor o comitente-; y en relación al comprador: de acuerdo con lo establecido en el anuncio del remate.La inexistencia del acuerdo en el primer caso, o la falta de la indicación en la publicidad y/o la falta de la debida anticipación en la realización de la misma en el segundo caso, implicaría para el rematador la imposibilidad de percibir la comisión.

  2. En el caso de existir un acuerdo entre rematador y comitente por el cual aquel se obliga a garantizar ante éste la solvencia del oferente; el rematador tiene el derecho y el comitente está obligado, a una comisión de garantía, la que está prevista en el art. 360 del C. Com.

  3. Cuando se trata de remates judiciales las comisiones serán establecidas en el edicto correspondiente.

  4. El rematador tendrá el derecho de exigir a su comitente el reintegro de los gastos convenidos y realizados, aunque en el caso del remate judicial se limita a las sumas efectivamente gastadas y aprobadas por el tribunal.

  5. Cuando el acto de remate, una vez iniciado, se suspende a iniciativa del comitente éste deberá pagar el 50% de la comisión que le hubiera correspondido al rematador; calculada sobre el monto de la base del bien a rematar o en caso de remate al mejor postor, sobre el valor venal de plaza, salvo pacto en contrario. De ello se derivaría que sí la suspensión fuese decidida por el comitente con anterioridad al inicio del remate o este se suspendiere por decisión del rematador, no le correspondería ninguna comisión. Sí la suspensión fuese causada por culpa del rematador, éste deberá reintegrar los gastos y tendrá responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionare.

  6. Cuando el remate fuera anulado -implica que fue efectuado- se plantean dos posibilidades: que resultare anulado sin causa atribuible al rematador, caso en que le corresponderá la comisión íntegra; o que fuera atribuible a culpa del rematador, caso en que no corresponderá comisión y deberá reintegrar los gastos y responsabilidades por los daños y perjuicios que causare. En el remate judicial anulado por el Tribunal por omisiones del comprador, éste deberá cubrir los gastos y los daños y perjuicios en su caso (CGP, art. 390).


Bibliografía

Rodolfo Mezzera Álvarez “Curso de Derecho Comercial. Tomo 1: Generalidades. El comerciante” FCU,  Uruguay. 1997. 


Webgrafía

http://www.derechocomercial.edu.uy/CComTIII.htm

http://www.derechocomercial.edu.uy/AuxdelCom.htm

http://www.derechocomercial.edu.uy/ClaseAuxAut03.htm

http://www.derechocomercial.edu.uy/Ley15508.htm

http://www.derechocomercial.edu.uy/ComercianteEmpresaAuxiliares.htm

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/495-1984


Noticias:

https://diariolaregion.com/web/remates-1446/ (remate judicial)

https://www.elobservador.com.uy/nota/formidable-venta-de-valdez-en-ansina-201956143140 (remate)

https://www.criptonoticias.com/mercados/precios-trading/cripto-minorista-bittreo-lanza-software-corretaje-cripto-bolsa/ (corretaje)




Otros horarios: 222710C1C2C3C5109 - Todos los Omnibus
Comments